Juan Luis Requejo Pagés es Licenciado y Doctor en Derecho por la Universidad de Oviedo. Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo (en excedencia) y Letrado de carrera del Tribunal Constitucional. Desde 2010 presta servicio como Letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Entre sus últimas publicaciones en relación con el Derecho de la Unión figuran “Algunas consideraciones sobre la relevancia constitucional del Derecho de la Unión”, en Libro homenaje a Javier Delgado Barrio (2015); “El final de un privilegio. Apuntes sobre un modelo europeo de justicia constitucional”, en Libro homenaje a Manuel Aragón Reyes (2016); “El futuro de un vértice jurisdiccional cada vez más complejo”, en Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid (2018).

Su último libro es El sueño constitucional (2016).

Resumen de la conferencia

La información es poder. En particular, la información sobre los datos personales del individuo comporta para quien la detenta una posición de dominio incompatible con los presupuestos de la libertad. Si el constitucionalismo es, en esencia, una técnica de la limitación del poder, la protección de los datos personales constituye una de sus tareas más urgentes en el siglo XXI, cuyas primeras décadas ya perfilan con cierta nitidez el nacimiento de lo que ha dado en llamarse el “capitalismo vigilante”.

La naturaleza transnacional del fenómeno de la captación, el tratamiento y la utilización de los datos personales requiere para su tratamiento y control un instrumentario normativo y jurisdiccional que ningún Estado nacional está en condiciones de ofrecer. A la dimensión global del problema sólo cabe oponer una solución no menos universal, hoy por hoy irrealizable. Con todo, el empeño de la Unión Europea en proveer un régimen propio de protección y garantía supone arbitrar una respuesta de alcance continental que, insuficiente todavía frente a un fenómeno global, puede hacerse oír con mayor eficacia que las soluciones ofrecidas por los Estados nacionales.

Un examen siquiera superficial del régimen europeo de protección de datos personales invita a un cierto optimismo en términos de garantías constitucionales. Erigido en objeto de un derecho fundamental por el artículo 8 de la Carta, su tratamiento normativo y jurisprudencial ha dado lugar a un sistema de garantías muy notable. Sin embargo, la articulación de ese sistema con los establecidos por los Estados miembros suscita no pocas dificultades, hasta el punto de llegar a hacer imposible su convivencia y poner en riesgo, en última instancia, la posición del ciudadano.

No se trata solo de dificultades derivadas de la conjunción de sistemas normativos que no comparten una norma constitucional común, esto es, de las dificultades inherentes a la esencia misma del proceso de integración. La dificultad de fondo es una dificultad de principio. La que media entre un ordenamiento ideado para la libertad de mercado y otro nacido para la defensa de la libertad del individuo.