Tomás de la Quadra-Salcedo: “En esta sociedad digital debemos replantearnos los derechos”

Madrid. 10 de diciembre de 2021.  “La Carta de derechos digitales, presentada por el Gobierno español el pasado 14 de julio, trata de dar respuesta a esa inquietud de si nos siguen valiendo esos derechos enraizados en la dignidad de la persona humana en este nuevo contexto digital. Todo esto va más allá de internet. En una sociedad digital, debemos replantearnos cómo están los derechos en todos los campos”, ha añadido.

Para este jurista, hay dos ámbitos importantes que merece la pena considerar sobre el impacto de la tecnología: la inteligencia artificial y sus aplicaciones y todo lo relacionado con la justicia predictiva. También se ha referido a la protección de datos y ha recordado el artículo 18.4 de la Constitución, que recoge que “la ley limitará el uso de la informática”. “Es algo curioso, porque la Constitución no dice por ejemplo que la ley limitará el uso de los cuchillos. Existe desde entonces como una percepción de que algo tiene la informática, el uso mismo de la informática, que tiene o que va a suscitar problemas. Es como la constatación de que hay un mundo que venía y que necesitaría una reflexión”, ha subrayado De la Quadra-Salcedo.

Para este catedrático emérito de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III, el mercado, la competencia y la democracia se ven afectados en esos nuevos conflictos entre derechos que está provocando la sociedad digital. Al respecto, se ha preguntado si deberían de existir nuevos mecanismos de tutela judicial como intermediarios entre los ciudadanos y las plataformas tecnológicas, en clara alusión a las redes sociales.

“La última frontera del derecho tiene que ver con las neurotecnologías. Ya se han llevado a cabo experiencias importantes que permiten mapear el cerebro, saber en qué zonas tomamos determinadas decisiones e incluso que una persona tetrapléjica conectada a sensores externos pueda mover un exoesqueleto. Las posibilidades son magníficas, pero cabe preguntarse si estos desarrollos pueden fomentar la desigualdad y que en un futuro podamos distinguir entre hombres aumentados y otros que no han sido aumentados”, ha expresado este profesor. “La selección automática de los contenidos que recibimos en Internet cada uno según nuestras preferencias y gustos también abre la puerta hacia una especie de autismo colectivo, en el que hablamos con nosotros mismos, porque todo ello desfavorece el diálogo”, ha añadido Tomás de la Quadra-Salcedo.    

Este debate sobre ‘Los derechos digitales’ ha estado moderado por María Emilia Casas, miembro del Consejo de Ciencias Sociales de la Fundación Ramón Areces. Para esta jurista, “los avances tecnológicos han traído consigo cambios en todos los órdenes de la vida: el trabajo, la educación, las relaciones sociales, la salud, las Administraciones Públicas o el comercio son algunos ejemplos”. “La transformación digital -que incluye la inteligencia artificial- presenta indudables ventajas, en especial porque agiliza procesos, reduce costes y mejora los desempeños. Sin embargo, también presenta impacto en nuestro modelo de convivencia y puede comportar riesgos para los derechos fundamentales tal y como los conocemos a día de hoy. La Carta de Derechos Digitales tiene como objeto proponer un marco para la protección de los derechos en el entorno digital y pretende asimismo servir de base para el debate en el contexto de la Unión Europea”, ha afirmado Casas.

También ha participado en este diálogo Susana de la Sierra, profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha. Para esta experta, la Carta de derechos digitales “en sentido estricto no es una norma jurídica sino más bien un instrumento o agenda de políticas públicas”. Ha recordado los dos procesos de consultas abiertos para detectar esos nuevos conflictos que se generan en el entorno digital respecto a derechos bien conocidos. “Cualquier derecho clásico que imaginemos ha de venir reconfigurado al albur de los desafíos que presenta el entorno digital. Esta carta debe ser acicate para reformas, como punto de partida para promover la reflexión en nuestro país y en la Unión Europea”, ha añadido.

Susana de la Sierra ha mencionado nuevas situaciones que ya vienen produciéndose, como robots que cuidan de ancianos, dispositivos inteligentes que imponen sanciones o multas de forma automática, sistemas de inteligencia artificial que dictan sentencias o vehículos autónomos que toman sus decisiones. “Desconocemos cómo va a ser ese futuro, pero hay que elegir bien los instrumentos a utilizar para desarrollar esa tecnología. Los juristas tenemos que ofrecer unas pautas o un marco normativo para proteger esos valores”. Ella misma se ha preguntado qué tipo de reforma normativa habría que hacer. “Hay quien propone que se reforme la Constitución en este aspecto concreto para introducir matices, fijar subderechos de derechos ya existentes acorde con la evolución de la tecnología”. En esa nueva regulación, ha advertido De la Sierra que hay que tener en cuenta “algo muy importante": “No perdamos de vista que en muchas ocasiones nos vamos a mover a tientas, vamos a intentar regular o aproximarnos a una realidad que desconocemos porque no sabemos cómo va a evolucionar la robótica. En ese camino igual resultan más útiles instrumentos de ‘soft law’ como esta Carta de derechos digitales que permitan identificar esos nuevos conflictos”, ha concluido.